Lidia Bedman, conocida por ser la segunda esposa de Santiago Abascal, líder de Vox, y por su presencia como influencer en redes sociales, ha sido objeto de atención mediática tras revelarse que facturó 63.600 euros anuales entre 2019 y 2022 a Editorial Ivat SL, una empresa vinculada al entramado económico de Vox. Este hecho ha situado a Bedman en el centro de un debate sobre las conexiones entre la política y los negocios en España, especialmente en un contexto donde los escándalos de financiación partidista han sido recurrentes.
Según la información publicada por El Confidencial, Bedman emitió facturas por servicios de "consultoría de redes sociales y marketing" a Editorial Ivat SL, propiedad de Gabriel Ariza, figura clave en el entorno de Vox e hijo de Julio Ariza, fundador del grupo Intereconomía. Esta editorial, especializada en publicaciones religiosas, ultraconservadoras y antiglobalistas, ha editado obras de autores cercanos a Vox, como el eurodiputado Jorge Buxadé y el diputado catalán Manuel Acosta.
El caso ha generado críticas y preguntas sobre la transparencia en la gestión de fondos y los vínculos entre el partido y su entorno más cercano. Aunque Bedman trabajaba como autónoma, los detalles concretos de los servicios prestados y su alcance no han sido claramente especificados, lo que ha alimentado las sospechas de un posible conflicto de intereses.
Este episodio no solo destaca las conexiones entre Vox y su red empresarial, sino que también refleja un problema más amplio en la política española: la percepción de que los partidos y sus líderes pueden beneficiarse de relaciones opacas con el sector privado. En un país donde los escándalos de corrupción han erosionado la confianza en las instituciones, el caso de Lidia Bedman se suma a una larga lista de controversias que cuestionan la ética y la transparencia en la gestión pública y partidista.
